Elevadores que no funcionan, que descienden en caída libre y se detienen con frenos de emergencia, se atascan en pisos intermedios, que sus puertas se traban impidiendo salir de su interior o que propinan descargas eléctricas son consecuencias de la crisis edilicia que han sufrido en carne propia trabajadores y trabajadoras judiciales que prestan servicios en los inmuebles enclavados en Alte. Brown Nº2046 –fuero penal-, Alte. Brown Nº2241/57 –fuero civil-, San Martín Nº3544 –fuero de familia-, Garay Nº1768 -fuero laboral-, a los que se suma el hecho sufrido por trabajadoras del fuero penal juvenil que quedaron encerradas en el ascensor existente en el inmueble ubicado en la calle La Rioja Nº2130 y respecto del cual la presidencia de la Cámara Penal en ejercicio de la superintendencia todavía no informa a la AJB el origen del incidente y las medidas adoptadas sobre el particular, a pesar del pedido formulado por nuestra entidad sindical el 20 de mayo del 2022.
Estas situaciones oportunamente fueron denunciadas ante la Delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por el riesgo que implican para la integridad psicofísica de los y las trabajadores judiciales y la población marplatense que transita por los tribunales locales.
Por otro lado, en el curso del conflicto por violencia laboral que afecta a los empleados de la Delegación de Arquitectura de la Administración de Justicia local hemos tomado conocimiento que en el año 2015 el ex Sub-Jefe de la Dirección de Arquitectura de la Suprema Corte de Justicia, arquitecto Eduardo Quartara, advirtió a la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que la ex titular interina y hoy subjefa –denunciada por maltrato laboral- arquitecta Karina Greco prestó conformidad para el pago de trabajos de reparación y mantenimiento de ascensores del Edificio Central que no se realizaron y que este funcionario denunció ante el presidente del alto tribunal provincial.
La crisis edilicia del Departamento Judicial de Mar del Plata y la demora en la construcción de la ciudad judicial no solo pone en peligro la vida y seguridad de trabajadores y trabajadoras del sector, profesionales del derecho y ciudadanía que transita los pasillos de tribunales sino también que ha propiciado potenciales irregularidades cuya investigación se debe profundizar y sancionar a sus responsables directos e indirectos.