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Cuestionada actuación de la Dra. Zotta

Julieta Zotta, titular del Juzgado de Familia N°7 -todavía sin funcionar-, se encuentra interinamente a cargo del Juzgado de Familiar N°4, cubriendo la vacante del renunciante ex juez Dr. Facundo Dominoni.

 

 La mencionada jueza, que comenzó el ejercicio de la magistratura no respetando el derecho humano de naturaleza laboral y jerarquía constitucional al ascenso, ahora compromete potencialmente la responsabilidad internacional del Estado argentino por su actuación en un proceso judicial de materia tan sensible como es la violencia de género.

El caso tomó estado público debido a la intervención del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el cual acompañó a la mujer que se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad y es víctima de violencia de género por parte de su ex-pareja y padre de sus hijos e hijas en su solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar que la Dra. Zotta decrete el estado de adoptabilidad de los mismos.

La nombrada entidad señala en su comunicado de prensa que “la mujer durante 16 años denunció al agresor y no obtuvo una respuesta efectiva ni medidas de protección suficientes por parte del Poder Judicial. Ante uno de los últimos episodios de violencia de género de los cuales fue víctima, la Dra. Zotta ordenó una medida de abrigo (protección) sobre los y las menores alegando que la madre no podía garantizar ni la atención de su salud ni la escolaridad de sus hijos e hijas por la situación de violencia que atraviesa tanto la progenitora como los y las menores y ordenó la separación de los niños, niñas y adolescentes de su madre”.

Agregó que “la madre priorizó el cuidado extremo de sus hijas e hijos no saliendo ningún integrante de su casa bajo ninguna circunstancia ante el miedo extremo generado por los actos de violencia del padre, y esa circunstancia valorada sin perspectiva de género ni teniendo en cuenta la extrema vulnerabilidad socioeconómica en las posibilidades efectivas de acceso a la justicia justificó la decisión de la magistrada”.

Es decir que la jueza Zotta se ha apartado del criterio adoptado por la Cámara Dptal. cuando hizo suya la opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableciendo que “la intervención estatal no debe consistir en una injerencia sustitutiva, sino de acompañamiento y asistencia al rol familiar, a fin de que la familia biológica pueda asumir adecuadamente y en igualdad de condiciones esta responsabilidad en el cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos” (Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28/08/02, citada por Cam. Civ. MdP- Sala 2, Reg. N° 243-S Folio N°982/97 en expdtes. N°165987 y 166.499 del Juzg. Familia N°5). 

Por nuestra parte debemos recordar que tanto la falta de perspectiva de género como la mora en los procesos de familia, siempre es responsabilidad exclusiva de las y los magistrados mas allá de la delegación de funciones que pueda existir en la organización interna del Juzgado, quedando en este caso, exentos de responsabilidad los y las trabajadoras judiciales del Juzgado de Familia N°4 de Mar del Plata.

A la luz de los hechos, los resortes de control de la Suprema Corte de Justicia deberían poner especial atención en el ejercicio de la magistratura que lleva adelante la Dra. Zotta en un fuero tan delicado como lo es el de Familia, por la gravedad de la conflictividad que la misma aborda institucionalmente y porque la potencial responsabilidad internacional del Estado argentino empieza con su desempeño pero trasciende a la figura de la jueza y afecta a la provincia de Buenos Aires y a la República Argentina aumentando la visión negativa que tiene la opinión pública sobre la administración de justicia que impacta directamente en la falta de legitimidad política del poder judicial.