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Triangulación de magistradas amigas

La jueza Julieta Zotta comenzó a dar señales de no respetar la carrera judicial a pocos meses de asumir en forma interina la titularidad del Juzgado de Familia N°4, en reemplazo del magistrado suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados bonaerense, por violencia laboral y de género, Juan Facundo Dominoni.


En una entrelazada propuesta de ascensos, Zotta pretende promover a una auxiliar letrada de la Asesoría de Incapaces como Consejera de Familia del Juzgado N° 4 dado que una actual Consejera de dicho Juzgado fue propuesta para ocupar esa misma función en el Juzgado de Familia N°3 a cargo de la jueza Amalia Dorado, en ambos casos desconociendo el derecho al ascenso que tienen las y los letrados de la propia planta de esos órganos jurisdiccionales.

Si bien la Corte Bonaerense designa a las y los empleados o funcionarios que las titulares propongan para la cobertura de cargos vacantes en Juzgados a su cargo (Arts. 161 inc. 4 Const. Prov. Bs. As., 32 inc. “b” Ley 5827) esta potestad no es discrecional sino que debe ajustarse a los derechos, declaraciones y garantías que emergen de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de Jerarquía Constitucional, los Convenios de la Organización del Trabajo –OIT- ratificados por nuestro país, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las leyes provinciales y acordadas y resoluciones de la propia Corte que regulan esta cuestión, de acuerdo a la jerarquía que impone nuestra organización constitucional.

El derecho humano de naturaleza laboral y jerarquía constitucional al ascenso (Arts. 11 inc. “c” CEDAW y 7 PIDESyC conf. Art. 75 inc. 22 Const. Nac.) exige merituar la idoneidad y antigüedad (Art. 16 Const. Nac. y Art. 7 inc. “c” PIDESyC conf. Art. 75 inc.22 Const. Nac.) para la cobertura de cargos vacantes en esos agrupamientos, pero discrecional y arbitrariamente para Zotta y su colega prevalecen los vínculos personales, funcionales y académicos que tienen con las personas propuestas frente a la legalidad impuesta por el estado democrático de derecho vigente en un sistema republicano de gobierno (Arts. 1, 5, 14, 14bis, 28, 31, 75 incs. 22 y inc.24, 121, 123, 126 y ccdts. Const. Nac.; 1, 3, 11, 39 y ccdts. Const. Prov. Bs. As.).

Ambas magistradas no pueden desconocer la legalidad vigente por su doble condición de abogadas y docentes universitarias pero es evidente que existen razones de facto que para ellas justifican avasallar el derecho al ascenso y a la carrera judicial, un ejemplo mas que en el Poder Judicial sin lucha no hay derechos.