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A 46 años exigimos la democratización del Poder Judicial

Aquel 24 de marzo fue el inicio de una reestructuración económica, política y social sin precedentes en nuestro país, instaurada por el gobierno de facto en perjuicio de los intereses del pueblo argentino en general y la clase trabajadora en particular.

 

Para poder llevar adelante esa reforma, el gobierno puso en marcha un plan de exterminio que tuvo como herramienta fundamental el uso planificado del terror a escala nacional y continental. Una práctica que necesariamente debió contar con la complicidad del Poder Judicial, que reforzó con su accionar la falsa legitimidad de la Junta Militar, transmitiendo la imagen de que la división de poderes y el estado de derecho en alguna medida seguían siendo respetados.

En el plano laboral, la administración de justicia legitimó la vigencia de leyes que tenían como objetivo convalidar el cercenamiento de los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores en aras de reducir el costo laboral en favor de las y los empresarios. La suspensión del derecho de huelga, la prescindibilidad del empleo público, la prohibición de la negociación colectiva y la actividad sindical, y la reducción del plazo de prescripción en materia laboral, son solo algunos ejemplos.

En el fuero penal la colaboración judicial no fue menos explícita. La Conadep informa que entre 1976 y 1979 familiares de las víctimas de la represión presentaron 5.487 hábeas corpus en los tribunales federales, de los cuales solo algunos pocos tuvieron resultado favorable y en general por presión internacional.

En nuestra provincia, la Suprema Corte de Justicia no fue la excepción, ya que dictó una resolución donde recomendaba a las y los magistrados que en la tramitación de hábeas corpus se abstengan de efectuar pedidos de informes a las fuerzas armadas relacionados con personas detenidas o desaparecidas. Por su parte, a lo largo de estos 46 años, siguió albergando y protegiendo dentro de sus filas a magistrados y funcionarios denunciados o juzgados por la comisión de delitos de lesa humanidad, como Fernández Garello, Nieva Woodgate, Eduardo Petigiani y Luis Genoud.

El Poder Judicial ha demostrado una y otra vez su compromiso con la impunidad de los autores y partícipes de la barbarie, lo que se reflejó en la demora en su juzgamiento y en los pronunciamientos que garantizan la impunidad por el rol de sus pares de la dictadura, como el reciente dictado de sobreseimiento del Dr. Pedro F. Hooft.

Por otro lado, la violencia institucional como práctica estatal instaurada durante la última dictadura sigue latente. La detención ilegal, la tortura, el gatillo fácil, la desaparición forzada, el armado de causas penales, la omisión de investigar y la falta de perspectiva de género siguen siendo variables constantes que el Poder Judicial convalida por acción u omisión.

A 46 años del comienzo del último gobierno de facto sigue pendiente un debate serio, con participación de las y los trabajadores, sobre la profunda reforma que necesita el Poder Judicial y el sistema de selección y juzgamiento de sus integrantes. Una reforma que nos permita tener una administración de justicia con magistradas y magistrados comprometidos en garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, con perspectiva de género y al servicio del pueblo.

Un capítulo aparte merece el análisis de la violencia ejercida contra las mujeres durante la última dictadura, que fueron doblemente victimizadas. A las torturas sufridas hay que sumar la extrema violencia sexual que padecieron.

Si bien la violencia sexual hacia las mujeres es anterior y posterior a la dictadura militar, en ese periodo fue sistemática y generalizada en la mayoría de los centros clandestinos del país, como parte de una estrategia política para destruir al enemigo. Muchas de las mujeres que sufrieron esas vejaciones silenciaron esos relatos para cuidar a su entorno y otras, pese a que se atrevieron a denunciar, no fueron escuchadas por la sociedad ni por la justicia.

La perspectiva de género estuvo ausente en la investigación y el juzgamiento de la violencia sexual padecida por las mujeres detenidas- desaparecidas. No solo debieron sufrir ser consideradas botines de guerra o una manera indirecta de atacar al enemigo, sino que cuando lograron sobrevivir muchas veces fueron consideradas traidoras o sospechosas de ser cómplices de los militares.

Recién en el 2010 se condenó al torturador del Centro Clandestino de la Cueva, Gregorio Molina, por la comisión de delitos de lesa humanidad y entre ellos algunos de naturaleza sexual.

Por eso, agradecemos y admiramos a aquellas que se animaron a denunciar, comprendemos a quienes callaron, les pedimos disculpas a todas por tantos años de mirar para otro lado. Y asumimos el compromiso de seguir luchando por un Poder Judicial que escuche a las sobrevivientes, les crea, no las revictimice; que juzgue y condene a los violadores, porque hoy como en el pasado el Poder Judicial sigue silenciando y juzgando a las mujeres que son sobrevivientes de delitos sexuales.

Por último, desde la AJB Mar del Plata, adherimos y convocamos a participar de todas aquellas actividades que permitan avanzar en la profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.