Ahora es el gobernador Axel Kicillof quien debe emitir el decreto aceptando la dimisión de Lerena y si así lo hiciere repetirá la actitud asumida frente al ex titular del Juzgado de Familia N°4 local, Juan Facundo Dominoni, quien tenía sobre sí un juicio político en trámite y una suspensión preventiva dispuesta por el propio Jurado de Enjuiciamiento por los mismos motivos que Lerena y tanto la Corte como el gobernador aceptaron darle el salvoconducto al hoy asesor del diputado provincial de la Libertad Avanza Alejandro Carrancio.
Este mecanismo de indulto encubierto se ha convertido en una práctica política del estado provincial que trasciende banderías partidarias ya que tanto la Corte como la gobernadora María Eugenia Vidal en su momento, no obstaculizaron la renuncia con propósitos previsionales del ex juez Aldo Carnevale, quien pudo eludir de esa forma su proceso de destitución por su intervención en el caso del femicidio de Lucía Pérez.
Esta postura de la Corte se contrapone con el compromiso internacional asumido por la República Argentina de sancionar los casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo, que realizó al suscribir y ratificar el Convenio 190 de la OIT – Ley 27580 - y que, por la estructura federal de nuestro Estado, la provincia de Buenos Aires debe cumplir, y deja inconclusa la reparación que el juzgamiento político y la destitución tiene para las víctimas.
En un Estado democrático de Derecho otorgarles a los magistrados denunciados una última oportunidad de evitar que tengan que dar explicaciones de sus actos en un proceso oral y público y eludir así la posibilidad que pueda atribuírseles responsabilidad política por su conducta en ejercicio de la magistratura cierra el ciclo de violencia con una solución corporativa cuya erradicación requiere mucho mayor compromiso y voluntad de todos los actores estatales que intervienen; y en este caso concretamente el gobernador Kicillof puede dar el puntapié inicial y revertir estas prácticas consuetudinarias siguiendo la advertencia de la OIT sobre prestar especial atención a los peligros y riesgos que se deriven del abuso de las relaciones de poder y las normas de género, culturales y sociales que fomentan la violencia y el acoso (Recomendación N°206).
¡Sin Lucha, no hay derechos!