En una reacción refleja frente a esa situación adversa el Dr. Lerena presentó su renuncia con fines jubilatorios a la Corte para tratar de eludir así el juicio político buscando tener un salvoconducto similar al conseguido por el ex juez de Familia Facundo Dominoni cuando logró que tanto la Suprema Corte de Justicia como el gobernador Kicillof aceptaran su renuncia no obstante encontrarse suspendido preventivamente y tener sobre sí un juicio político por idénticos cargos. Lo mismo sucedió con el ex juez Aldo Carnevale a quien la ex gobernadora María Eugenia Vidal le aceptó la renuncia con fines previsionales permitiéndole eludir el proceso de destitución que hasta hoy mantiene suspendidos a sus ex colegas Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por el caso del femicidio de Lucía Pérez.
Aceptarle la renuncia a Lorena implica contradecir la perspectiva de género que la misma Suprema Corte promueve y exige oficialmente a todos los estamentos del poder judicial y deja inconclusa la reparación que el juzgamiento político y su destitución tiene para las víctimas. Las conductas ilícitas imputadas a Lerena y Riva generaron el cambio de órgano jurisdiccional de una jueza mujer que integraba con ellos el Tribunal de Trabajo N°4, la renuncia de otra trabajadora y el cambio de sitio de labor de otras seis personas entre otras tantas y profundas consecuencias como para relativizar el daño causado y que se vaya a su casa libre de toda responsabilidad.
Facilitarle la posibilidad que los jueces denunciados evadan el juicio político es darle una chance mas a la persistencia de la violencia laboral y/o de género dentro del poder que por mandato constitucional debe garantizar la legalidad de los actos de gobierno del Estado y la plena vigencia de derechos humanos, otorgando a los magistrados acusados una última oportunidad de evitar que tengan que dar explicaciones de sus actos y pueda atribuírseles responsabilidad política por su accionar público cerrando el ciclo de la violencia con una solución corporativa, machista y patriarcal cuya erradicación requiere mucho mas compromiso que soluciones normativas que por sí solas evidentemente son insuficientes.
¡Sin Lucha, no hay derechos!
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