+Derechos
+Presupuesto
+Participación
Este 8 de marzo nos encuentra a las mujeres y disidencias trabajadoras inmersas en un contexto en el que los derechos y los avances en materia de género que supimos ganar se encuentran seriamente amenazados.
Estos cuestionamientos, que ponen en evidencia ideologías que niegan las brechas de género y la existencia del patriarcado, o que simplemente son la excusa para realizar brutales ajustes económicos y fiscales, nos afectan no solo como judiciales, sino también como parte del amplio universo de trabajadoras, tanto formales como informales.
Observamos con mucha preocupación el cierre del Ministerio de Mujeres de Nación, la masculinización de los cargos jerárquicos de la presidencia y el retroceso en las políticas públicas de género que pretende realizar el presidente.
En este sentido, podemos señalar las reformas insertas en la fallida Ley Ómnibus, que entre otras cuestiones buscaba disminuir y cambiar el sentido de la Ley Micaela, modificaba con una perspectiva binaria, biologicista y maternalista la Ley de los Mil Días, colisionando con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, reducía la licencia por maternidad, y eliminaba el agravante de despido por embarazo.
En este escenario de retroceso cultural y económico, no podemos permitir que el déficit cero, “innegociable” en palabras del ministro de Economía, y el ajuste provincial que ya padecemos y que seguramente se incrementará en los próximos meses, lo paguemos las mujeres y disidencias.
En particular, como trabajadoras judiciales exigimos:
• La normalización del IOMA. Transparencia y participación de los y las trabajadoras en la gestión. Las mujeres somos las que más tiempo le dedicamos a las tareas de cuidado y consecuentemente somos las que mayormente padecemos la paralización de nuestra obra social.
• Jardines Materno Paternales. Inmediata cobertura de las vacantes, para evitar su cierre progresivo y creación de jardines en todos los departamentos judiciales.
• Respeto de la carrera judicial. Basta de discriminaciones y postergaciones por razones de género.
• Cumplimiento del cupo travesti – trans y del cupo por discapacidad.
• Respeto y ampliación de las licencias por violencia de género. No al encuadre de las licencias como licencias inespecíficas.
• Expulsión de magistrados y magistradas denunciados por violencia de género.
• Cumplimiento efectivo de la Ley Micaela.
Este 8M convocamos a las judiciales a parar y participar de la movilización que se realizará el 8 de marzo concentrando a las 17 hs. en San Juan y Luro.