A esas primeras medidas del gobierno de Javier Milei le siguieron el Protocolo que limita el derecho constitucional a la protesta, la presentación del "mega DNU" 70/23 y la Ley Ómnibus, enviada al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias. En nombre de la libertad, ninguna medida beneficia a las mayorías de trabajadores y trabajadoras que ya vienen cargando los costos del ajuste de los últimos años. Por el contrario, se busca transformar la estructura socio-económica del país en beneficio exclusivo de los grandes grupos económicos locales y empresas trasnacionales.
El DNU 70/2023, que incluye más de 360 medidas que abarcan prácticamente todas las actividades humanas e impactan en la mayoría de los cuerpos normativos -incluso en aspectos directamente contemplados en la Constitución Nacional-, se presenta como una iniciativa manifiestamente inconstitucional: un decreto que no respeta los estándares establecidos en el inciso III del artículo 99 de la Constitución, ni se encuadra en los criterios plasmados por la Corte Suprema de la Nación para justificar las excepciones. Aquí cabe mencionar que si bien diferentes gobiernos hicieron uso y abuso del DNU como herramienta de gestión, no existe antecedente histórico alguno de intentar por esta vía transformaciones normativas de esta magnitud y alcance.
Por su parte, al observar el proyecto de ley denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, un primer análisis del peligro de su aprobación radica en la amplitud de delegación de facultades propias del Congreso Nacional en prácticamente todos los campos de la vida social por un período de dos años, prorrogables por otros dos. Si esto se concretase, estaríamos ante un virtual cierre del Poder Legislativo, dejando en manos de una sola persona la suma del poder público.
Llegados a este punto, de ambos cuerpos normativos podemos realizar el siguiente análisis:
• Respecto al mundo del trabajo, los cambios implican una restricción de derechos de las y los trabajadores cuyas dimensiones se remontan a las transformaciones impuestas por la última dictadura militar en el año 1976. Así, se imponen fuertes límites al ejercicio del derecho de huelga y se otorgan amplias facultades a los empleadores para despedir con causa a trabajadores y trabajadoras que participen en medidas de fuerza. También limita fuertemente la realización de asambleas sindicales.
En correlato con ello, se abre la puerta a desregular totalmente la jornada laboral vía negociación colectiva y se modifica en perjuicio de las y los trabajadores institutos esenciales como el principio de norma más favorable y de irrenunciabilidad. Asimismo, se eliminan las multas por empleo no registrado y se favorece la tercerización y el fraude laboral.
Por otro lado, se reduce la indemnización por despido y se habilita su reemplazo por fondos de cese laboral. El período de prueba pasa de 3 meses a 8 meses y se abre la puerta a eliminar las relaciones de dependencia en establecimientos de hasta 5 trabajadores y trabajadoras, quienes pasan a ser considerados colaboradores sin ningún tipo de derecho laboral.
• Desde el aspecto económico, las medidas propuestas tendrán un fuerte impacto sobre los bolsillos de las y los trabajadores. Entre ellas se destacan las desregulaciones sobre los precios y los cambios en los esquemas de tarifas de energía y transporte: Milei inaugura su mandato con una inflación del 25,5% y supera el 30% en el rubro alimentos.
Asimismo, un elemento muy importante en el impacto en bolsillos de millones de argentinos y argentinas es la eliminación de la movilidad a las jubilaciones que administra el régimen nacional de la ANSES, cuyos aumentos de aquí en adelante serán fijados por el Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso. Esto profundizará el deterioro del valor de las jubilaciones ya evidenciado durante los gobiernos anteriores.
Por otra parte, la regulación que obliga a YPF a vender combustible a precio internacional, conlleva a una fuerte alza de los precios de los combustibles para los consumidores, que ya viene produciendo efectos concretos en la economía de los hogares, pero también produce un impacto indirecto mediante el traslado a precios del transporte, la energía y el traslado de mercaderías que tendrán estas subas.
También incide negativamente en nuestros bolsillos la derogación de la Ley de alquileres. Algunos de los elementos a destacar son el hecho de que las partes pueden pactar libremente el ajuste del valor de los alquileres utilizando cualquier índice y que se otorga libertad para determinar cada cuánto tiempo se actualizará el contrato, eliminando el mínimo semestral previo. Por su parte, los contratos pueden realizarse en pesos o en moneda extranjera y el inquilino no puede exigir realizar el pago en una moneda diferente a la acordada.
Asimismo, ante la desregulación de los precios de los medicamentos se produjo una disparada histórica en su costo, lo que pone en riesgo el acceso a tratamientos esenciales para diversos problemas de salud de las y los argentinos.
• También, la Ley Ómnibus habilita el desguace de 41 empresas estatales que integran el patrimonio social de la Argentina construido a partir del ahorro público a lo largo de décadas -muchas de ellas con balances positivos-, cuya función social e importancia para el desarrollo estratégico nacional resulta incuestionable (YPF, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, entre otras).
• Asimismo, con la modificación al “Régimen Federal de Pesca” que, entre otras cuestiones, elimina la preferencia a buques nacionales en la adjudicación de actividades extractivas, nuestro país estaría literalmente renunciando a la soberanía marítima sobre los recursos existentes en la zona económica exclusiva.
• En este mismo orden de ideas, las modificaciones normativas también avanzan sobre políticas en materia ambiental (se restringe la protección de glaciares y bosques, y se habilita la extranjerización de grandes parcelas, incluidos ríos y otros recursos naturales) y se impulsan cambios retrógrados en materia de salud mental y otros tantos aspectos de nuestra vida cotidiana a través de la reforma de diferentes secciones del Código Civil y Comercial de la Nación.
Tal como se desprende de lo descripto hasta aquí, el conjunto de medidas impulsadas por el nuevo gobierno implica un deterioro en la calidad de vida las y los trabajadores y sectores medios de la sociedad que, según anticipa el Gobierno, es un mal necesario para poder ir hacia una economía "más saludable".
Lamentablemente, este plan de transformaciones no resulta novedoso para las y los argentinos: la eliminación de derechos laborales, la desregulación de la economía, el ajuste en el Estado y la privatización de empresas públicas ya fueron aplicados durante la última dictadura militar y los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri, con los pésimos resultados ya conocidos para el bolsillo de las y los argentinos y la economía nacional.
En sociedades plurales y multiculturales como la nuestra, los razonables desacuerdos que podemos tener acerca del contenido de las decisiones políticas a tomar, y las diferencias acerca de cómo resguardar derechos, deben ser debatidas y resueltas por el conjunto de la sociedad a partir de los mecanismos institucionales previstos en nuestra Constitución Nacional. La democracia constitucional exige que, cuanto mayores sean las dificultades y riesgos que enfrentamos, esos acuerdos colectivos sean más extendidos y más profundos. A 40 años de democracia, promover debates legislativos serios y profundos con participación de la sociedad civil no es sólo una obligación ética, sino una manda constitucional-convencional en beneficio de nuestra libertad.
Frente a este intento de avance sobre derechos conquistados a través de intensas luchas a lo largo de la historia, es que este 24 de enero convocamos a parar y movilizar en toda la provincia. Al día de la fecha, los debates y la resistencia opuesta por los gremios y diferentes sectores de la sociedad ya generaron que partes del proyecto de ley se hayan eliminado y otras se encuentran en proceso de modificación; razón por la que debemos redoblar los esfuerzos para dar masividad al paro convocado.
Se avecina una etapa en la que tendremos que organizarnos para enfrentar este plan destinado a eliminar derechos de las y los trabajadores y sectores medios, y que deberá necesariamente incluir acciones directas para garantizar que el gobierno provincial recomponga de forma urgente nuestros ingresos.
Por todo ello, este miércoles convocamos al Paro General y llamamos a movilizar concentrando a las 12:30 hs. en Colón e Independencia.