Mientras tanto, el Dr. Riva habría intentado ser transferido al Tribunal de Trabajo N°1 local, sin que ello impidiese proponerle a otra de las víctimas de la conductas denunciadas que transita por una licencia médica su intención de mantener una conversación, utilizando a funcionarios de dicha judicatura como intermediarios de su propuesta, cuyo efecto intimidatorio para la misma es una consecuencia ineludible para alguien que se encuentra profunda y sensiblemente afectado por los hechos que sufrió.
El Dr. Lerena por su parte pidió una licencia inmediatamente después de interpuesta la denuncia administrativa por parte de la AJB y ahora explora la posibilidad de jubilarse para evitar un eventual juicio político, buscando tener un salvoconducto similar al conseguido por el ex juez de Familia Facundo Dominoni cuando logró que tanto la Suprema Corte de Justicia como el gobernador Kicillof aceptaran su renuncia con el jury en curso o los ex camaristas Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués a quienes les aceptaron la renuncia con fines jubilatorios y así eludieron un virtual proceso de destitución.
Indudablemente hay que acelerar al máximo posible los tiempos del proceso, evitar en el trámite del mismo la revictimización de aquellas y aquellos compañeros atravesados por los sucesos padecidos, y bloquear la posibilidad de que los jueces denunciados evadan el juicio político, de lo contrario la violencia laboral y/o de género deviene en violencia institucional por parte del poder que debe garantizar la legalidad de los actos de gobierno del Estado y la plena vigencia de derechos, nada mas y nada menos.