Cabe recordar que la tercera magistrada integrante de ese Tribunal debió ser traslada a otro órgano del mismo fuero por el maltrato que sufría de sus colegas - Riva y Lerena- como otras trabajadoras judiciales que cambiaron de destino laboral o renunciaron por esa misma razón al Poder Judicial.
En ese contexto la Suprema Corte de Justicia tiene pendientes de resolución sendos pedidos de cambio de sitio de labor de un trabajador y dos trabajadoras seriamente afectadas por las secuelas del maltrato padecido, estas últimas con petición de licencia por violencia de género.
La celeridad del proceso debe ir acompañada de la rápida adopción de medidas de protección de las trabajadoras y trabajadores afectados por el raid de violencia denunciada, dado que la demora en su implementación profundiza la angustia que genera la incertidumbre de la espera y revictimiza a los y las afectadas por las conductas lesivas de los magistrados ante la posibilidad de permanecer trabajando presencial o remotamente junto a ellos aún cuando la Corte cuenta con las herramientas legales idóneas para el abordaje de estas situaciones y que paradójicamente constituyen el contenido de la capacitaciones obligatorias brindadas por nuestra empleadora.
Una evidencia mas de aquello que, sin lucha no hay derechos!