acusados del femicidio de Lucía Pérez, sustentado técnicamente el fallo en las condiciones personales y la vida de relación de la víctima, una menor de 16 años de edad al momento del hecho.
Premonitoriamente la AJB Departamental había solicitado públicamente a los nombrados magistrados mediante un afiche institucional que fallaran con perspectiva de género, ello a partir de las manifestaciones de dos de los tres jueces que en las audiencias previas al fallo negaron la existencia del machismo y el patriarcado cuando expuso en ese sentido la perito Laurana Malacalza a quien descalificaron su dictamen en el recinto donde se desarrolló el debate oral.
En respuesta al atroz fallo, se realizó un nuevo paro nacional de mujeres (el primero se había llevado a cabo tras la noticia de su muerte), movilizaciones en todos el país y asambleas de repudio, que en nuestro ámbito realizó la AJB en el Edificio Central de Tribunales y luego derivó en el pedido de juicio político a los Viñas y Gómez Urso, debido a que Carnevale había presentado su renuncia con fines jubilatorios, que fue aceptada por la gobernadora Vidal.
La respuesta corporativa e institucional del Poder Judicial frente al cuestionamiento público no se hizo esperar; arguyendo que la crítica pública a la sentencia afectaba la independencia de la administración de justicia, la división de poderes y al mismísimo Estado de Derecho. En ese sentido, el Colegio de Magistrados, la Red de Jueces Penales, la oposición gremial local y la defensora general Cecilia Boeri, cuestionaron la expresión popular de repudio expresada en las calles y particularmente en el edificio judicial como la posición institucional de la AJB.
Esta reacción también se reflejó en una decisión unánime de los magistrados de la Cámara de Apelación y Garantías Departamental que decidieron impulsar actuaciones administrativas ante la Secretaría de Control Disciplinario y la Secretaría de Asuntos Institucionales de la Suprema Corte de Justicia por los actos públicos y particularmente gremiales judiciales de rechazo al fallo que fueron archivados sin mas trámite.
Ahora se reedita el escenario judicial bajo los mismos argumentos técnicos, al extremo de que el ex agente de inteligencia durante la dictadura militar y hoy fiscal general Fabián Fernández Garello intentó disciplinar al acusador del juicio en curso Leandro Arévalo por haber pedido disculpas públicas ante la negligente actuación de su colega María Isabel Sánchez en la instrucción de la investigación, aunado a pedidos de recusación formulado por la defensa pública y nuevas manifestaciones de la defensora general Boeri, quien ha sido propuesta como testigo por la defensa de Gómez Urso y Viñas en el juicio político donde persigue la destitución de estos magistrados, quienes dictaron sentencia en el primer juicio anulado.
Este caso ha dejado en evidencia el carácter machista, patriarcal y antipopular del Poder Judicial acentuado por su corporativismo que no acepta la crítica y el pedido público de justicia que formula la familia de Lucia, cuando los estándares jurídicos fijados por la Corte Interamericana de DDHH (caso “Kimel c/ Argentina” del 2/05/08, entre otros) tienden a desterrar el efecto disuasivo de los procesos penales sobre el debate público como garantía del sistema democrático y republicano de gobierno. Por todos estos fundamentos políticos y jurídicos exigimos una vez mas pero en esta oportunidad a los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore que fallen con perspectiva de género.