Desde que este tribunal comenzó a funcionar el 13 de septiembre de 2012, la Dirección de Resolución de Conflictos, la Subsecretaría de Control de Gestión, la Subsecretaría de Control Disciplinario y la Secretaría de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires han intervenido en el intento de querer imponer sin éxito pautas armónicas de convivencia personal y organización funcional entre Lerena y Riva y los y las funcionarias y empleadas bajo el poder jerárquico de ambos jueces.
Cambios de lugar de trabajo, renuncias, licencias médicas y por violencia de género, violación sistemática de la carrera judicial, sumarios administrativos disciplinarios y la estricta prohibición de acudir a la AJB en busca de protección gremial son rasgos permanente y persistentes del funcionamiento de este tribunal.
El contexto de violencia reinante tuvo una manifestación institucional extrema cuando la Corte debió trasladar a la jueza Cecilia Bártoli que integraba ese Tribunal al Tribunal de Trabajo N°2 local en aras de preservar la salud personal de la magistrada y no afectar su funcionamiento atravesado por el permanente hostigamiento que sufría de sus colegas Lerena y Riva.
Los nombrados magistrados han llevado al extremo su persecución con la única jueza mujer que integró ese Tribunal, que ante la sola sospecha de que exista algún tipo de vínculo personal o laboral con las o los empleados o funcionarios y la Dra. Bártoli se los condena a no tener carrera judicial e impiden que asciendan a cargos superiores porque no cuentan con “la confianza” de Riva y Lerena.
Indudablemente el hecho de tratarse de un Tribunal de Trabajo no impidió que ejercieran discrecional y arbitrariamente el poder de dirección, organización y disciplina que tienen ambos jueces, mientras se consolida un destrato personal y funcional que afecta profundamente la integridad psicofísica de trabajadores y trabajadoras judiciales que prestaron y prestan servicios en ese órgano.
La AJB ha impulsado el proceso disciplinario de ambos jueces y ahora la Suprema Corte de Justica tiene que tomar urgentes y enérgicas medidas para dar un cese definitivo a la intolerable situación de violencia existente en el Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata, garantizando a los y las víctimas la plena vigencia de sus derechos en dicho proceso con los alcances reconocidos en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y la Ley 26.485; dado que a esos efectos tienen herramientas jurídicas propias de la Superintendencia que ejercen como máximo Tribunal provincial, tales como la licencia compulsiva e incluso el pedido de juicio político de los magistrados denunciados.