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El Derecho a Retener Tareas en Pandemia

Ante el agravamiento de la emergencia sanitaria y el incumplimiento de las obligaciones de la Corte y la Procuración de preservar la salud de lxs judiciales, la AJB podrá disponer el retiro de los lugares de trabajo bajo la figura de retención de tareas cuando no estén dadas las condiciones de seguridad e higiene para prevenir el contagio de Covid – 19.

Estamos atravesando la pandemia de Covid19 agravada por una emergencia sanitaria cuya incidencia en nuestra ciudad, según datos oficiales, alcanza a 1209 personas casos confirmados, de los cuales en 44 de ellos han fallecido y en 504 se encuentran activos; y recientemente se ha verificado el primer suceso de contagio en la órbita del Poder Judicial.-

El riesgo de ver afectada la salud y la vida de lxs trabajadorxs judiciales es real y concreto, tanto que el Poder Ejecutivo Nacional la ha declarado como enfermedad profesional (Dec. Nac. 360/2020) con relación a aquellxs personas que integran las guardias mínimas presenciales (Art. 6 DNyU N°297/20202); ello sin desconocer la enorme trascendencia social que pueden tener para la comunidad el hecho que los edificios judiciales puedan convertirse en un foco de contagio que afecte la estrategia sanitaria para el tratamiento del Covid19 fijada por las autoridades de salud pública local, provincial y nacional.

La Suprema Corte de Justicia y la Procuración General en su condición de empleadores, tienen sobre sí el deber de garantizar la indemnidad de empleadxs, peritos y funcionarixs que integran las dependencias bajo su superintendencia (Art. 39 inc. 3 Const. Prov. Bs. As.); y en consecuencia deben adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la salud y la vida de dichxs trabajadorxs asegurando la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas -COVID-19- (Art. 12 PIDESyC conf. Art. 75 inc. 22 CN y Arts. 1, 2 y 8 Ley 19.587).-

La AJB ha verificado en los distintos fueros y en la justicia de Paz y descentralizada departamental, a) la ausencia total o parcial de provisión de indispensables elementos de protección personal, de higiene y limpieza, como de termómetros infrarrojos de control de temperatura; b) la inexistencia de personal de custodia al ingreso de edificios que permita ordenar el acceso, permanencia y egreso de los mismos evitando la aglomeración de personas; c) la omisión de fijar mamparas de dimensiones suficientes para impedir el contacto personal con el público que accede a las mesas de entradas de las distintas dependencias; d) el incumplimiento de la prohibición de remisión de expedientes en soporte papel a domicilios; e) la irregular implementación y control del protocolo de prevención ante casos sospechosos; f) la convocatoria a trabajar en forma presencial de personas exentas de prestar servicios por estar incluidxs en los grupos de riesgo, tener hijos/as en edad de lactancia o hijos/as menores de edad o personas vulnerables por su estado de salud a su cuidado; g) asignar a empleadxs pertenecientes al agrupamiento servicios, particularmente chofer y ordenanzas, a controlar la temperatura de quienes ingresan al edificio sito en Alte. Brown N°2046 y no profesionales de la salud; como g) la imposibilidad de cumplir con el distanciamiento obligatorio por falta del espacio físico existente en sedes judiciales por efecto de la emergencia edilicia que lo afecta desde el 2015 (Ley 13.795 prorrogada por las Leyes 13.946, 14.090, 14.187, 14.298 y 14.402) aunado a la insuficiencia presupuestaria que impide dar respuesta a las necesidades en materia de infraestructura edilicia manifestada por la Corte (Conf. Resol. N°803-19 SCJBA).-

Este escenario motivó que la AJB haya denunciado dichas circunstancias ante la Delegación local del Ministerio de Trabajo en mayo y julio del corriente (Arts. 3 incs. “c”y “e”, 36, 40 y 42 Ley 10.149 y Arts. 14 inc. 1 “a” y “b” y 32 inc. 6 Ley 15.164), a efectos de que en ejercicio del poder de policía laboral que posee la cartera laboral (Art. 39 inc. 1 Const: Prov. Bs. As.) verifique las falencias denunciadas y ordene la adopción aquellas medidas de prevención y protección necesaria para trabajar en forma presencial en edificios judiciales.-

En situaciones como la expuesta, la Corte reconoce al/la trabajador/a el derecho a retener su prestación hasta que el empleador cumpla aquellas obligaciones que están a su cargo (Cfr. SCBA, “Quiroga, José R. c. Consigna S.R.L. • 29/09/2004); y todx aquel empleadx, funcionarix o perito que juzgue necesario interrumpir su tarea por una situación de trabajo que genere un peligro inminente y grave para su vida o su salud (Art. 13 Convenio 155 OIT –Ley 26.693-) tendrá el amparo de la Asociación Judicial Bonaerense, en el marco de una legitima medida de acción directa dispuesta por el gremio en su condición de único sindicato con personería jurídica en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (Art. 31 Ley 23.551).

La pandemia avanza en el Departamento Judicial de Mar del Plata, la Corte y la Procuración relativizan la situación sanitaria y no cumplen los protocolos de prevención y el Ministerio de Trabajo no fiscaliza ni exige la estricta observancia del mismo; es decir que están dados “a priori” los presupuestos necesarios para adoptar las medidas de fuerza totales o parciales de ser necesarias, para proteger la salud y la vida de lxs trabajadorxs judiciales.-

¡En Pandemia, Sin Lucha no Hay Derechos!


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