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La AJB recorre los edificios

Conforme la potestad que tiene la AJB de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral vigente como única entidad sindical con personería gremial dentro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (Art. 31 Ley 23.551) se verificó el cumplimiento de la guardias mínimas, la provisión de elementos de protección e higiene y el convenio sobre teletrabajo firmado por el sindicato y la Corte.

Los compañeros Mariano Fernández y Alberto Agote, Secretarios Adjunto y General de la departamental respectivamente, recorrieron los edificios del fuero de Familia, Laboral y Civil – Comercial, Curaduría, Archivo, Fiscalía de Delitos Económicos, de Automotores, Autores Ignorados. Ejecución Penal, Usurpaciones y Asesorías de Incapaces, para comprobar la situación de las condiciones de seguridad e higiene de las dependencias judiciales, dialogando con los y las titulares que se encontraban presentes en sede.

En la recorrida efectuada se constató un grado de cumplimiento irregular respecto a las dotaciones de las guardias mínimas, habiéndose incrementado la presencia de funcionarixs en el fuero de Familia y en particular, en algunos juzgados del fuero Civil y Comercial. También acontece lo mismo en la Fiscalía de Delitos Económicos. Ello sucede pese a que prácticamente la totalidad de lxs trabajadorxs judiciales está realizando algún tipo de teletrabajo desde sus hogares.

La AJB expresó su preocupación ante la Corte porque la fórmula de asueto administratrivo con reanudación de los plazos procesales redundó en un incremento de la presencia física en sedes judiciales de la provincia de un 20% en los tres días posteriores a su implementación.

Lxs magistradxs entrevistadxs intentaron justificar la necesidad de aumentar la cantidad de personal debido al aumento de las presentaciones electrónicas realizadas por lxs abogadxs y las denuncias presentadas en sede policial por violencia intrafamiliar, en el caso del fuero de Familia; y de fraudes y estafas, en relación a la Fiscalía. 

Ante esto ratificamos que la AJB sigue priorizando el cuidado de la vida y la salud de quienes trabajamos en el Poder Judicial y de nuestras familias. Hemos solicitado a la Corte la constitución de un Comité de Crisis con participación de la Procuración General, donde se garantice un monitoreo en tiempo real de la cantidad de personas realizando tarea presencial en toda la provincia, se elaboren protocolos de prevención de carácter general y por sector de actividad, y se controle su cumplimiento.

Respecto de la provisión de elementos de seguridad e higiene, los organismo jurisdiccionales cuentan con artículos provistos por la delegación de Administración en cantidad suficiente sólo para quienes integran las guardias mínimas, que complementa el aporte que empleadxs, peritxs y funcionarios realizan de manera particular. No obstante, la provisión de guantes de latex es muy reducida, la de máscaras faciales inexistente; y la de barbijos es inadecuada y muchas personas no los utilizan por la escasa calidad del material con el cual están hechos. En las dependencias del Ministerio Público la situación es aún más endeble: practicamente la totalidad de los insumos fueron comprados por lxs titulares y quienes asisten a cubrir las guardias. Cabe destacar que en el fuero Laboral, la organización que nuclea a lxs jueces y juezas realizó una compra de artículos sanitarios que donó a los tribunales.

Observamos también las “barreras de protección” que la delegación de Arquitectura de la Corte proveyó a la mayoría de las dependencias para ser utilizadas en las mesas de entradas. Hubo coincidencia con lxs titulares respecto a las inutilidad de este dispositivo. En algunos casos, lxs magistradxs compraron e hicieron instalar en la mesa de entradas del juzgado pantallas o divisiones de difererentes materiales transparentes, costo que afrontaron de sus bolsillos.

Hubo una coincidencia general con lxs titulares entrevistadxs en que retomar la plena actividad judicial en este contexto significaría un desastre desde el punto de vista sanitario, debido a la decadente infraestructura del Poder Judicial (sería imposible garantizar la distancia mínima entre lxs judiciales y entre ellxs y las personas que asistan a las sedes; tampoco la ventilación de los ambientes) y la carencia de elementos de prevención e higiene adecuados en cantidad suficiente.

 


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