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Marina Sánchez Herrero: Convicción u oportunismo político?

Hasta donde son creíbles las declaraciones públicas de la abogada, que se presenta como adalid de las cuestiones de Género en la Justicia? Su pasado la condena.

El Consejo de la Magistratura de la Nación excluyó al Dr. Santiago Díaz Cafferatta de la posibilidad de ser juez federal de San Francisco, Córdoba, en virtud de haber sido sancionado por “comportamiento irrespetuoso y reprochable” hacia una empleada que estaba bajo su dependencia, circunstancia que no informó durante el trámite del concurso.
Cafferatta estaba acusado de violencia laboral y acoso sexual en perjuicio de su compañera. Pese a que la Cámara Federal no lo consideró responsable de dichos cargos y solo le aplicó una sanción menor, los integrantes del Consejo entendieron que era un antecedente incompatible con el perfil de magistrado que se busca y la consejera marplatense Marina Sánchez Herrero manifestó públicamente que “no es el perfil de juez que yo considero y muchísimo menos en razón de todo lo que hemos venido hablando y trabajando en cuestiones de género. Es un mensaje que tenemos que dar pero básicamente es qué jueces queremos en la República Argentina. Yo no quiero acosadores de ningún tipo”.

Si bien consideramos que su actual postura es elogiable, es razonable preguntarse si responde a su convicción u oportunismo político, dado el respaldo que brindó al actual camarista Rodrigo Cataldo desde el Colegio de Abogadxs local, cuando éste pretendía acceder a la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata. pese a que tenía en trámite una denuncia de violencia laboral con hechos de naturaleza similar a los que hoy cuestiona enérgicamente. Más aún, Sánchez Herrero asistió a la toma de posesión del cargo de Cataldo y al salir del edificio tuvo el gesto de tomar fotografías desde su celular a quienes manifestaban pacíficamente en repudio al acto.
Al parecer su posición actual también colisiona con la actuación de la doctora cuando tuvo la oportunidad de ocupar cargos ejecutivos en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lxs compañerxs de APU (Asociación del Personal Universitario) no guardan un buen recuerdo de la etapa en que Sánchez Herrero ocupó la Subsecretaría Legal y Técnica en la gestión de Morea, como parte del acuerdo de gobernabilidad entre radicales y socialistas.

Tampoco olvidan cuando el sindicato se opuso al nombramiento fraudulento en la planta transitoria del personal no docente de la Facultad de Derecho de un hermano de Maxi Abad y cuñado de Sánchez Herrero; designación que lograron revertir luego de una larga lucha con varias acciones gremiales.
Recordemos que de los testimonios existentes en las actuaciones seguidas a Cataldo surge que las/os empleadas/os del juzgado civil 5 a su cargo sufrieron permanentes amenazas de tener sumarios y pedidos de renuncia a su derecho a ascender, situación que afectó su salud, provocando angustia, llanto y descomposturas; la negativa permanente a justificados pedidos de licencias que en uno de los casos era de una empleada que pretendía acompañar a su madre en una intervención quirúrgica y luego a otro familiar que tenía un enfermedad terminal. Afectó a una sola trabajadora que sufría de espina dorsal bífida a que atendiera la mesa de entradas; le dijo a un empleado “por que no te buscas un lugar mas tranquilo, por que te puede dar un bobaso o un ACV y vos tenés un hijo chico y sería una pena dejarlo huérfano”. Circunstancias que la Corte relativizó calificándolas “como rispideces o conflictos laborales inevitables acaecidos en el marco de una reestructuración de la organización del trabajo dentro del juzgado a cargo del citado juez”.-

Cabe agregar que 6 de lxs 8 empleadxs que tuvieron que irse del Juzgado Civil 5 –en ese entonces a cargo de Cataldo- eran mujeres y que una de ellas fue la denunciante del juez junto a la AJB en un proceso en el cual no se pudo controlar la prueba ofrecida por Cataldo ni refutar sus argumentos por que no se notificaron actos procesales necesarios a esos efectos y menos aún se garantizó a las mujeres víctimas haber sido oídas personalmente por la Corte ni haber tenido en cuenta sus manifestaciones previo a arribar a una decisión como prescribe la Ley 26.485; al punto de haber coincidido el Procurador ante la Corte con la AJB cuando se planteó la invalidez de esa resolución exculpatoria de Cataldo, por violar el derecho de defensa en juicio y debido proceso legal con perspectiva de género.
La ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales –Ley 26.485- ley tiene por objeto promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia (Art. 2 inc. b) y Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos (Art. 2 inc. c). Tipifica a la violencia laboral como una de las modalidades que adquiere la violencia contra las mujeres (Art. 6 inc. c ).


El blindaje político de Cataldo para lograr su ascenso a la alzada local contó también con el fuerte apoyo de la Alianza Cambiemos personificado en la figura del diputado radical y presidente del bloque de diputados de Cambiemos Maximiliano Abad (esposo de Sánchez Herrero), de la Senadora del mismo espacio político y presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado Nidia Moirano que impidió que la AJB fuera escuchada por el pleno de esa Comisión; la titular del Observatorio de Género del Senado Provincial senadora Daniela Reich, quien no quiso opinar sobre la denuncia a Cataldo y por la titular de la Dirección de Políticas de Género de la Secretaria de DDHH del gobierno de María Eugenia Vidal y por la propia ex – Gobernadora.
El Martín Fierro aconsejaba hacerse amigo del juez para tener una justicia complaciente y la realidad marca que el juez para ascender debe hacerse amigo/a del político/a de turno como lo habrá tenido que hacer para acceder al cargo de titular del Juzgado Civil y Comercial N°5 con anterioridad.

Si la Dra. Sánchez Herrero hubiera tenido la firme convicción que hoy luce públicamente durante el proceso político de selección que llevó a Cataldo a la Cámara Civil, quizá hubiera podido evitar que los representantes del Colegio de Abogadxs en el Consejo de la Magistratura provincial votaran por él para integrar la terna del cargo que hoy ocupa (al igual que lo hicieron los representantes de lxs Magistradxs y del Frente Renovador, con la solitaria y férrea oposición de la diputada del Frente para la Victoria Lucía Porto).
Las personas pueden cambiar, y es bueno dar oportunidades a quienes deseen enmendar sus errores. Nunca es tarde para eso, aunque el daño ya esté hecho. Esperamos sinceramente que Sánchez Herrero se disculpe públicamente por el apoyo brindado a Rodrigo Cataldo, para que empiece a conciliar su pasado con el presente.

 

 

 


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