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Poder Judicial; 44 años, la complicidad de ayer y la de hoy

El 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón y asumió el gobierno del país.

Fueron disueltos el Congreso de la Nación, Legislaturas provinciales y Consejos Deliberantes, y las facultades legislativas fueron asumidas por el Poder Ejecutivo. Se removieron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación, a los miembros de los Tribunales Superiores de las Provincias y se declaró "en comisión" a la totalidad de magistradxs del Poder Judicial de la Nación y de todas las Provincias. Aquellos que se designaron en su reemplazo o fueron confirmados en sus cargos debieron prestar juramento de acatamiento a los Objetivos Básicos fijados por la Junta Militar, Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución Nacional en tanto no se opusiera a aquellos (Art. 4 Ley 21.258).

Los jefes militares denominaron a este golpe como Proceso de Reorganización Nacional y su objetivo fue modificar por completo el ordenamiento legal, político y económico existente en nuestro país utilizando como herramienta la violencia tanto institucional como desde propia clandestinidad creada por el propio Estado, para sistematizar la detención ilegal, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de miles de personas a quienes los servicios de inteligencia habían identificado previamente como «guerrilleros», «izquierdistas», «activistas sindicales» o, más genéricamente, «subversivos».

Desde Octubre de 1975 el país fue dividido en zonas, subzonas y áreas, con la idea de utilizar simultánea y coordinadamente todos los medios militares y de seguridad, tanto nacional y provincial de represión disponibles, y en éste esquema Mar del Plata integraba la la Subzona Militar N° 15 a cargo del Cnel. Pedro A. Barda, quien era Jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 de Ejército, apostada en nuestra ciudad.

Es por ello que los delitos cometidos desde el aparato del Estado en la ejecución de ese plan de exterminio no fueron sólo violaciones de derechos humanos sino que, por su escala, volumen y gravedad constituyen, conforme a su naturaleza “Crímenes contra la Humanidad o de Lesa Humanidad” en los términos del derecho internacional, nacional y conforme los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su subordinación al plan de exterminio, el Poder Judicial colaboró rechazando los hábeas corpus interpuestos en favor de las víctimas de los secuestros ilegales –(5487 hábeas corpus en el fuero federal entre 1976 y 1979, según la Conadep)-, confirmando la validez de las normas de represivas, resistiéndose a investigar los crímenes cometidos por militares o agentes de seguridad, instruyendo causas penales fraudulentas para ocultar los crímenes, apercibiendo a los jueces de instancias inferiores que realizaban las instrucciones penales por estos hechos o mediante la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres, en la entrega en adopción de niñez apropiados ilegalmente a sus madres embarazadas en cautiverio o con la delación de abogados comprometidos con los reclamos de las víctimas a fin de que fueran disciplinados por las fuerzas represivas entre otras conductas repudiables.

En sintonía con ese rol institucional, la Corte bonaerense el 13 de junio de 1977 “recomendó” a los magistrados/as de la provincia que en la tramitación de Hábeas Corpus relacionados con personas detenidas o desaparecidas se abstuvieran de efectuar pedidos de informes al Estado Mayor Conjunto.-

En ese contexto se enmarcan los delitos de lesa humanidad que se le imputan penalmente al actual titular del Juzgado en lo Correccional Nº4 de Mar del Plata Pedro F. C. Hooft, quien estando el frente del Juzgado Penal 3 rechazó los habeas corpus interpuestos en favor de los abogados laboralistas Candeloro, Alaiz, Centeno, Arestín, Fresneda y su esposa María de las Mercedes Argañaraz, Ricci, Bozzi, Verde y su esposa Ana de la Arena (Víctimas de las Noche de las Corbatas) y de los militantes políticos Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, Juan Barboza y Silvia Elvira Ibañez, Pablo Manzini, y Eduardo Alberto Caballero; como tampoco investigó sus detenciones ilegales ni la del matrimonio de Néstor García Mantica y María Vázquez María todos ellos a manos de grupos de tareas pertenecientes a la Subzona Militar Nº15 y que hoy en su mayoría permanecen desaparecidos.-

También el terrorismo de estado fue el escenario en cual se perpetraron los delitos de lesa humanidad por cuya participación se le imputa penalmente al actual fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, mas precisamente por la privación ilegal de la libertad y torturas sufridas por los militantes comunistas Jorge O. Bulacios, Ernesto R. Duarte y José O. Seitor, cuando Fernandez Garello se desempeñaba como oficial de la Dirección de Inteligencia de Policía de la Provincia de Buenos Aires,

Se podría decir que el Poder Judicial no tenía opción frente a la presión castrense, pero aún en aquel momento tenían la alternativa de renunciar, y una renuncia generalizada de magistrados hubiere provocado un descrédito político trascendente para la legitimidad internacional que buscaba tener la dictadura; o bien se podría haber adoptado la actitud del juez del Departamento Judicial de Azul Carlos Pagliere quien investigó hasta las últimas consecuencias –aún frente a las intimidaciones de las Fuerzas Armadas y de la propia Corte Suprema Provincial- el secuestro del abogado laboralista Carlos Alberto “el Negro” Moreno en 1977. Incluso el propio Hooft lo hizo cuando se interesó por la integridad del Dr. Camilo Ricci ya que él mismo intercedió personalmente ante el jefe del GADA 601 al pedir por la situación de Ricci (testimonio del Dr. Rodolfo Díaz) mas aún cuando el juez se comunicaba con la oficina de inteligencia de la Base Aérea Mar del Plata, que tenía contacto directo con los detenidos ilegales alojados en el Centro clandestino de detención "La Cueva" según declararon los conscriptos Briend y Fernández que atendían el conmutador de la base cuando cumplían con el servicio militar obligatorio allí durante los años 1976 y 1977 (causa N° 2086 del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata).

Aquella complicidad del pasado vuelve al presente cuando vemos que el Poder Judicial se integra con magistrados que tienen sobre sí serias imputaciones de haber sido partícipes del horror y el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la provincia de Buenos Aires les garantiza que mantengan la estabilidad judicial, por que ello deja inconcluso el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que hay que profundizar y porque si estas situaciones se consolidan debilitan seriamente la democracia y el estado de derecho, en un Poder Judicial que tiene altos niveles de descrédito social entre otras cosas por su histórico apego a los grupos de poder político y económico y –salvo puntuales excepciones- su reticencia a estar al servicio del pueblo.-

 


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