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Méndez Acosta: El silencio del ingrato

El titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°14 Dr. Fernando Méndez Acosta, elevó a la Corte la propuesta de ascenso para ocupar un cargo de Auxiliar Letradx interino de un empleado de solo tres años de antigüedad en el Poder Judicial, sin informar de ello a lxs trabajadorxs abogadxs de la dependencia a su cargo.

El 17/05/2019 remitió la propuesta; el16/10/2019 la Suprema Corte de Justicia Bonaerense resolvió favorablemente dicho pedido y el 27/10/2019 se comunicó tal circunstancia a todxs lxs integrantes de la planta.

Lo particular de esta situación es que solo cuatro días antes de la puesta de posesión del cargo al nuevo funcionario se anotició de esta circunstancia a cinco trabajadores/as administrativos/as abogados/as de mayor antigüedad en la administración de justicia, que desarrollan tareas de mayor complejidad y responsabilidad en ese juzgado, y que lo han hecho en día y horas inhábiles, en días feriados o no laborales y llevando incluso expedientes para estudio a sus domicilios particulares y en algunos casos yendo a trabajar enfermos o permaneciendo en su sitio de labor soportando el olor pintura fresca o el ruido de tareas de reparación o mantenimiento realizadas durante la jornada laboral.-

Para analizar la decisión del Dr. Méndez Acosta es oportuno recordar la opinión del presidente de la Suprema Corte de Justicia Eduardo De Lázzari cuando señaló que “el principio de legalidad supone la existencia de mecanismos a través de los cuales pueda verificarse y asegurarse eficazmente el sometimiento pleno de la Administración al ordenamiento jurídico. Cualquier acto o conducta de la Administración y de sus agentes puede ser objeto de comprobación acerca de la regularidad de lo actuado. De otro modo no habría límites para la arbitrariedad” (Resol. 920/19 SCJBA, Voto Dr. De Lázzari en expdte. N° 3001-23287/19), y ese mecanismo lo constituye la vía recursiva utilizada por lxs empleadxs postergadxs como opción revisora de tal decisión administrativa.-

Tengamos presente que la adecuada publicidad de los actos importa una práctica que coadyuva a la transparencia de la gestión pública, fortalece la relación de confianza entre los ciudadanos y el Estado, facilita los controles del obrar público y estimula la eficiencia y efectividad de las administraciones. La opacidad, la reserva extrema o el secreto –utilizado por el Dr. Méndez Acosta-, por el contrario, reñidos con tales principios, dan lugar a diversos tipos de disfunciones, incompatibles con un estado de Derecho (Arg. voto del Dr. Soria en causa A.70.571 “Asociación por los Derechos Civiles contra Dirección General de Cultura y Educación. Amparo. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley”, con la adhesión ministros de Kogan, de Lázzari –actual presidente- y Hitters).-

Indudablemente la omisión de comunicar la propuesta por parte del Dr. Méndez Acosta buscó evitar la oposición de los/as trabajadores/as abogados/as con mayor antigüedad en el órgano jurisdiccional a su cargo, eludir el llamado a concurso y la acción de la AJB, que en su carácter de Asociación Sindical con personería jurídica gremial dentro del Poder Judicial tiene la facultad exclusiva de defender y representar ante el estado empleador los intereses individuales y colectivos de lxs trabajadorxs judiciales como de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral (Art. 31 Ley 23.551); dado que no quiso tomar en cuenta tanto la idoneidad (Art. 16 Const. Nac.) y la antigüedad (art. 7 inc. “c” del PIDESyC conf. Art. 75 inc.22 Const. Nac ) de lxs empleadxs abogadxs del juzgado cuando constituyen requisitos de consideración obligatoria de acuerdo con las normas que regulan el derecho humano de naturaleza laboral y jerarquía constitucional al ascenso (Art. 11 inc. “c” CEDAW y 7 del PIDESyC conf. Art. 75 inc. 22 Const. Nac.).-

También contradice su actuación las reglas del Código Iberoamericano de Etica judicial que aconseja al juez tanto evitar favorecer ascensos irregulares o injustificados de otros miembros del servicio de justicia (Art. 46) como documentar todos los actos de su gestión y permitir su publicidad aún cuando la ley no lo exija (Art. 58).

Por otra parte bajo la vigencia de un estado democrático de derecho en un sistema republicano de gobierno la Corte Provincial promueve a aquellos trabajadorxs judiciales propuestos para la cobertura de cargos superiores en el seno de órganos jurisdiccionales inferiores a propuesta de lxs magistrados (Arts. 161 inc. 4 Const. Prov. Bs. As., 32 inc. “b” Ley 5827) pero ambas facultades no son discrecionales sino que debe ajustarse a los principios, derechos, declaraciones y garantías que emergen de la Constitución Nacional, los Tratados Internacional de Derechos Humanos de Jerarquía Constitucional, los Convenios de la Organización del Trabajo –OIT- ratificados por nuestro país, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, leyes provinciales y acordadas y resoluciones que regulan esta cuestión, de acuerdo a la jerarquía normativa que impone nuestro ordenamiento jurídico constitucional (Arts. 1, 5, 14, 14bis, 28, 31, 75 incs. 22 y inc.24, 121, 123, 126 y ccdts. Const. Nac.; 1, 3, 11, 39 y ccdts. Const. Prov. Bs. As.).-

La maniobra evasiva del Dr. Méndez Acosta analizada bajo óptica normativa y jurisprudencial expuesta es tanto ilegal como ilegítima y marca la imperiosa necesidad de democratizar las relaciones laborales en el Poder Judicial porque aún cuando la ley es tan explícita y no admite deformaciones interpretativas de nuestro empleador, está claro que: “Sin Lucha no Hay Derechos”.-


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