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El Ocultismo del Dr. Colángelo

El Dr. Maximiliano Colángelo, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial nro 13, elevó a la Corte una propuesta de ascenso para ocupar un cargo de Auxiliar Letradx sin informar de ello a lxs trabajadorxs de la dependencia a su cargo, quienes se anoticiaron una vez que se anunció el nombramiento.

Nuestra Suprema Corte Provincial sostiene que la adecuada publicidad de los actos importa una práctica que coadyuva a la transparencia de las gestión pública, fortalece la relación de confianza entre los ciudadanos y el Estado, facilita los controles del obrar público y estimula la eficiencia y efectividad de las administraciones. La opacidad, la reserva extrema o el secreto, por el contrario, reñidos con tales principios, dan lugar a diversos tipos de disfunciones, incompatibles con un estado de Derecho (Arg. voto del Dr. Soria en causa A.70.571 “Asociación por los Derechos Civiles contra Dirección General de Cultura y Educación. Amparo. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley”, con la adhesión ministros de Kogan, de Lázzari –actual presidente- y Hitters).-

Utilizamos este fallo como introducción por que la claridad conceptual se contrapone con la conducta expuesta por el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°13 local quien formuló en diciembre pasado una propuesta de ascenso a Auxiliar Letrado en el más absoluto secreto para evitar cualquier oposición de los/as trabajadores/as abogados/as con mayor antigüedad en el órgano jurisdiccional a su cargo, no tener que llamar a concurso y por supuesto eludir la acción de la AJB, que en su carácter de Asociación Sindical con personería jurídica gremial dentro del Poder Judicial tiene la facultad exclusiva de defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de lxs trabajadorxs judiciales como de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social (Art. 31 Ley 23.551).-

También contradice la actuación del Dr. Colángelo las máximas insertas en el Código Iberoamericano de Etica judicial que aconseja al juez tanto evitar favorecer promociones o ascensos irregulares o injustificados de otros miembros del servicio de justicia (Art. 46) como documentar todos los actos de su gestión y permitir su publicidad aún cuando la ley no lo exija (Art. 58).

Por otra parte bajo la vigencia de un estado democrático de derecho en un sistema republicano de gobierno la Corte Provincial promueve a aquellos trabajadorxs judiciales propuestos para la cobertura de cargos superiores en el seno de órganos jurisdiccionales inferiores a propuesta de lxs magistrados (Arts. 161 inc. 4 Const. Prov. Bs. As., 32 inc. “b” Ley 5827) pero ambas facultades no son discrecionales sino que debe ajustarse a los principios, derechos, declaraciones y garantías que emergen de la Constitución Nacional, los Tratados Internacional de Derechos Humanos de Jerarquía Constitucional, los Convenios de la Organización del Trabajo –OIT- ratificados por nuestro país, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, leyes provinciales y acordadas y resoluciones que regulan esta cuestión, de acuerdo a la jerarquía normativa que impone nuestro ordenamiento jurídico constitucional (Arts. 1, 5, 14, 14bis, 28, 31, 75 incs. 22 y inc.24, 121, 123, 126 y ccdts. Const. Nac.; 1, 3, 11, 39 y ccdts. Const. Prov. Bs. As.).-

En esa inteligencia el Dr. Colángelo debió tomar en cuenta antes de efectuar la propuesta de ascenso tanto la idoneidad (Art. 16 Const. Nac.) como la antigüedad (art. 7 inc. “c” del PIDESyC conf. Art. 75 inc.22 Const. Nac ) de todxs lxs empleadxs abogadxs del juzgado por que ambos requisitos son de consideración obligatoria sino pretendía lesionar el derecho humano de naturaleza laboral y jerarquía constitucional al ascenso (Art. 11 inc. “c” CEDAW y 7 del PIDESyC conf. Art. 75 inc. 22 Const. Nac.).-

La ocultación absoluta de la propuesta formulada por el Dr. Colángelo analizada bajo los parámetros expuestos es tanto ilegal como ilegítima y marca a las claras la necesidad de democratizar las relaciones laborales en el Poder Judicial por que aún cuando la norma y la jurisprudencia es tan explícita y no admite deformaciones interpretativas de nuestro empleador, está claro que:

Sin Lucha no hay Derechos!.