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La salud como variable de ajuste para el Colegio de Abogadxs

El Colegio de Abogados de Mar del Plata comunicó a sus colegas que solicitará a la Suprema Corte de Justicia Bonaerense la nómina de los/as funcionarios/as afectadxs a licencia por enfermedad por un período superior a los 30 días durante el último año,

identificando nombre y apellido, cargo y la dependencia en al cual prestan servicios y la fecha del último control médico obrante en los respectivos legajos.

La medida dispuesta tiene por finalidad acceder a la información que le permita al Colegio tener un panorama claro de la situación y en caso de advertirse una situación particular que lo amerite requerir las medidas correspondientes en pos de mejorar el servicio de justicia reza la comunicación.-

Frente a esta decisión la AJB en ejercicio de la representación que tiene sobre ese sector (Art. 1 Estatuto de la Asociación Judicial Bonaerense, Personería Gremial Nº 1446/85, Aprobado Mediante Resolución MTEySS Nº996/08. Publicado en el Boletín Oficial Nacional Nº31512, Primera Sección del 17/10/08) debe fijar claramente su posición.-

Primeramente cabe señalar que la información peticionada constituyen datos sensibles (Art. 2 inc. 25.326 y Art. 2 inc. “c” Ley 26.529) cuya confidencialidad exige que no trascienda a terceros, en pos de salvaguardar la intimidad de los/as funcionarios/as enfermos como lo garantiza la legislación vigente (Art. 43 Const. Nac., Art. 12 DUDH, Arts. 17 y 19 PIDCyP, y Arts. 11 y 13 CADH conf. Art. 75 inc. 22 CN).-

En segundo término el pedido deja entrever que el citado Colegio pretende vincular la calidad de la respuesta que brinda el poder judicial a la mayor o menor cantidad de licencias por enfermedad que afectan a éste sector de trabajadorxs judiciales, naturalizando que la capacidad técnica y jerarquía de lxs funcionarixs justifica la delegación de atribuciones en dicho agrupamiento cuando las mismas son propias e indelegable de lxs magistradxs como lo definió la Corte Suprema de Justicia Federal al señalar que la jurisdicción está “reservada como es sabido a los magistrados y solo delegable cuando la comprometen en áreas muy secundarias y sujetas siempre al control de los jueces” (CSJN “Gottschau, Evelyn Patriziz c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Bs. As. S/ Amparo” 08/08/2006).-

Parecería sobreabundante pero evidentemente necesario aclarar que las citadas licencias constituyen un derecho que pretende reestablecer la salud afectada por una enfermedad profesional, una afección inculpable o un accidente de trabajo; entendida ésta conforme la definición dada por el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud, sobre la salud en el trabajo en su primera reunión (1950) y revisada en su 12° reunión (1995) “La salud en el trabajo tiene por finalidad promover y mantener el mas alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño causado a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes nocivos a su salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicológicas..” (cita de CSJN en autos S. 1789. XL. Recurso de Hecho- Silva Facundo Jesús C/ Unilever de Argentina S.A.); en consecuencia, la Suprema Corte Justicia debe garantizar el respeto de las citadas licencias dentro de la relación de empleo público de la cual es empleadora.-

El Colegio de Abogados no desconoce estos argumentos pero frente a las falencias estructurales que afectan al Poder Judicial pone el foco en lxs funcionarixs con la clara intención de hacerlos responsables por los tiempos de la justicia con un razonamiento simplista y evitar así analizar el desempeño aquellxs que tienen responsabilidad de ejercer la función jurisdiccional -magistrados- agravado el análisis por no contextualizar la actividad judicial en un marco de permanente ajuste presupuestario y graves falencias de insfraestructura.-

Ante tamaña preocupación por el servicio de justicia el citado Colegio no adoptó medida trascendente alguna cuando verificó que el titular del Juzgado en lo Contencioso- administrativo N°1 Dptal. Simón Isacch tenía un atraso de dos años en el dictado de sentencia contenciosas (Acta 1952 Punto 6 de la Reunión Consejo Directivo del 05/9/2012 y Acta 1955 Punto 3 “b” de la Reunión Consejo Directivo del 26/9/2012) o cuando se conoció el informe de la Subsecretaría de Control de Gestión –SCJBA- que daba cuenta del atraso en el dictado de sentencias que tenía el titular del Juzgado de Paz Letrado de Balcarce Ricardo Crotto (Informe IA-385-15 del 23/10/15) y que la Corte no sancionó –aplicó recomendación en sumario administrativo-, pero carga las tintas sobre las licencias por enfermedad de secretarixs y auxiliares letradxs.-

En síntesis, el análisis expuesto deja muy claro el propósito que persigue el Colegio de Abogados con la obtención de la información solicitada y es por ello que la AJB ha pedio formalmente al presidente de la Suprema Corte de Justicia Eduardo Pettigiani que rechace tal petición por los argumentos jurídicos y de política judicial expresados precedentemente.-

¡Sin Lucha no Hay Derechos!