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Rechazamos intervención de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior y Adherimos a Movilización

Cuando todavía se están juzgando a los responsables militares del terrorismo de Estado instaurado por la última dictadura militar, el uso de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior dispuesto por el Gobierno Nacional a través del decreto 683/18 –modificando su rol específico en la defensa de la soberanía nacional frente a una agresión extranjera-, pone en serio riesgo la consolidación de la democracia.

 

“Bajo este contexto político, el teatro de operaciones montado en las provincias de Chubut y Río Negro, evidenciado en los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a manos de la Gendarmería y la Prefectura, como en el reciente arribo de tropas norteamericanas a la provincia de Neuquén, y esta redefinición del rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, dan muestra de la construcción de un plan estratégico de represión estatal del conflicto social, originado en la política de ajuste emergente de la política socio-económica del gobierno nacional que no garantiza la plena vigencia del estado de derecho propia de un sistema democrático de gobierno”, señaló Néstor Alende, secretario de Derechos Humanos de la AJB.

“Por esa razón, desde la AJB repudiamos la sanción del reseñado decreto presidencial por ser ilegítimo e ilegal, máxime cuando nuestro país tiene latente una hipótesis de conflicto externo y real ante la existencia de una base británica y de la OTAN en las usurpadas Islas Malvinas, con claras pretensiones políticas y permanentes sobre nuestra zona económica exclusiva”, finalizó Alende.

Ejemplo reciente de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior fue la decisión del presidente de México, Felipe Calderón, quien en 2006 y bajo el pretexto de declarar “la guerra contra el narcotráfico”, autorizó su intervención en la seguridad interior. Esto dejó como resultado 150.000 muertos y unos 28.000 desaparecidos.

Desde el cese de la dictadura en 1983, los sucesivos gobiernos democráticos establecieron claramente la diferencia entre seguridad interior y defensa nacional, a través de las leyes 23.554 (sancionada en 1988 por el gobierno de Raúl Alfonsín) y 24.059 (sancionada en 1991 por el gobierno de Carlos Menem), así como del decreto 727 de 2006 (durante la gestión de Néstor Kirchner). Esta normativa legal fue determinante para lograr la consolidación del régimen democrático y hoy el gobierno busca desdibujarla, en aras de justificar la intervención militar.

Durante la última dictadura militar el fundamento de dicha intervención fue la “doctrina de la seguridad nacional”, orquestada para Latinoamérica por los Estados Unidos durante la vigencia de la guerra fría, por la que las Fuerzas Armadas dejaron de ser un actor disuasivo frente a un enemigo exterior, aplicando todo su poder bélico contra un enemigo interior con un determinado perfil político-ideológico –el comunismo- que justificó las acciones inteligencia, persecución, detención ilegal, tortura, asesinatos, y desaparición forzada de aquellos actores sociales contrarios u opositores a dicha doctrina, con la estrecha colaboración de las dictaduras de la región en el marco del denominado Plan Cóndor.

Con el advenimiento de la democracia, la seguridad nacional se redefinió en la reunión continental de Ministros de Defensa realizada en 1995 en Williamsburg (EEUU) en la que se asignó como objetivo para las Fuerzas Armadas la lucha contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y las migraciones poblacionales, y se les asignó la tarea de apoyar a gobiernos democráticos que garanticen la libre circulación de capitales y mercaderías, que no interfieran o compitan con empresas privadas, colaborando sólo a esos fines con el orden interior.

La sanción de este decreto es el corolario de una redefinición estratégica, que cuenta como antecedentes la logística proveída por Estados Unidos, disfrazada de ayuda humanitaria a la provincia de Chaco en 2012, y acuerdo suscripto entre Argentina y aquel país en diciembre del 2016, en virtud del cual la Guardia Nacional del Estado de Georgia cooperaría en cuestiones de seguridad interior con nuestras Fuerzas Armadas.

¡Sin Lucha no Hay Derechos!